Lic. Pablo Escandón Cusi

Presidente del Instituto de Fomento e Investigación Educativa, A.C.

Febrero 2001, Periódico Reforma

Se empiezan a escuchar voces en contra de la creación de un Instituto Nacional Para la Evaluación de la Educación (INEE). Los argumentos que se emplean van en la línea de que no se está considerando a los maestros en los órganos de la Dirección de dicho Instituto y que por lo tanto, un organismo de esta naturaleza representa una amenaza para el Magisterio. Sin embargo, los dirigentes del propio Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en su documento “Un Proyecto Educativo En un Proyecto de Nación” (publicado en Reforma el 25 de septiembre del 2000) expresan en su punto sexto que la revisión de la educación y del sistema educativo debe buscar “fortalecer los sistemas de evaluación, a efecto de lograr un mayor aprecio por la educación pública y ubicar las deficiencias y sus causas, para que las medidas correctivas sean más oportunas y eficientes. La pertinencia y la objetividad de los sistemas de evaluación incrementarán, no solo la calidad educativa, sino la confianza social en la educación pública.

En una notable declaración anterior del SNTE (Reforma 24 de noviembre de 1999) sus dirigentes se pronunciaban “por una educación pública de calidad, apoyada a través de la creación de un sistema de indicadores de la calidad educativa que permita a la sociedad contar con mayores elementos para evaluar la educación pública y a las autoridades rendir cuentas de su desempeño así como mejorar la planeación y distribución de recursos educativos”.

Es significativo que el SNTE aborde el tema de indicadores de la calidad; sin embargo, reflexionemos sobre lo que implicaría el que fuesen los propios maestros los que evaluen la calidad de la educación.

¨                       En primer lugar, se haría caso omiso del principio fundamental que establece que no se debe ser juez y parte en un proceso de evaluación.

¨                       Habría una tendencia natural de ocultar cualquier deficiencia encontrada,

¨                       Seguiría la política de no rendir cuentas de los resultados educativos a la sociedad,

¨                       Se daría preeminencia al sector magisterial  y se cerraría la participación de los padres de familia y autoridades educativas en los procesos de evaluación.

¨                       Las evaluaciones que así se obtuvieran carecerían de toda credibilidad ya que la sociedad civil exige cada vez más que existan organismos independientes en la evaluación de los organismos públicos y de las empresas.

El INEE que sería como un IFE educativo, a semejanza del IFE electoral, debe ser de carácter ciudadano a fin de garantizar objetividad e imparcialidad. El sector Magisterial y las autoridades educativas deberán participar en el Consejo Consultivo de este Instituto de Evaluación pero no en el Consejo Directivo ni en el Consejo Técnico

Cada vez es más fuerte la corriente de opinión de nuestra sociedad que considera como esencial para la vida democrática el derecho del ciudadano a ser informado en relacióna la gestión pública. Hoy en día, son ya 15 los países que han promovido leyes que garantizan al ciudadano el acceso a la información del gobierno, con lo cual promueven la transparencia de su actuación. En México Juan Ciudadano es el nombre de pluma de un grupo de personas preocupadas por el derecho a la información.

Esperamos que los Diputados y Senadores del Congreso, al evaluar este proyecto de creación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, consideren el papel vital que representa para el avance de la educación y lo constituyan con un carácter autónomo y ciudadano.