La moneda está en el aire |
| Por Pablo
Escandón Cusi REFORMA |
(29 Agosto 2002).-
¿Será el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (INEE) un elefante blanco al servicio de las autoridades educativas? O bien, ¿un organismo estratégico, ágil, flexible y eficiente orientado a informar a la sociedad?
El pasado 8 de agosto se creó por decreto presidencial el INEE como un organismo público descentralizado. Si las políticas que guían las acciones del INEE son las adecuadas se dará un importante paso para que la sociedad civil conozca la realidad educativa de las escuelas públicas y privadas a lo largo y ancho de nuestro país. Desde mediados de 1999 el Instituto de Fomento e Investigación Educativa ha venido proponiendo a través de artículos periodísticos, conferencias y publicaciones la necesidad de constituir un instituto de evaluación educativa independiente del gobierno, que garantice objetividad, calidad técnica en las evaluaciones y que difunda, sin cortapisas, los resultados de las evaluaciones. El INEE cumple parcialmente estos objetivos ya que carece de verdadera autonomía, al integrar un Consejo Directivo por una mayoría de funcionarios públicos, y al depender económicamente del gobierno. De la lectura del decreto que crea el INEE se observan varios aspectos que pueden impedir que este Instituto sea verdaderamente una Institución al servicio de sociedad:
La fracción VII del articulo 3o. del decreto indica que el INEE "difundirá los resultados de los análisis que realice". En relación a este punto es importante que se publiquen los datos que arrojen las evaluaciones y no sólo los análisis que se hagan sobre las mismas. Los ciudadanos y sus organizaciones pueden hacer sus propios análisis y derivar sus propias conclusiones. En cuanto a las orientaciones generales que guiarán las acciones del Instituto, se indica que el INEE "señalará con claridad los usos aceptables y deseables de cada evaluación". El INEE se adjudica una función que no le corresponde ya que la sociedad civil y las autoridades educativas son las que tienen que definir los usos que le den a las mediciones que efectúe el INEE. Los cuerpos directivos del INEE aparecen sumamente recargados: 15 miembros en la Junta Directiva, 16 especialistas en el Consejo Técnico, 32 responsables de las áreas de evaluación educativa de las entidades integrantes de la Federación conforman el Consejo Consultivo. Un total de 63 personas integran los órganos superiores del INEE. Bajo estas circunstancias puede esperarse una complicada y lenta toma de decisiones y la contratación de un numeroso grupo de personas para las áreas operativas del INEE. Se corre el riesgo de crear un elefante blanco y no un organismo ágil, flexible y eficiente. Finalmente el decreto establece que será la política nacional de evaluación educativa (por definirse) la que establecerá "lo relativo a la difusión pública de los resultados de la evaluación, cuidando el justo derecho de las personas a la privacidad, como el de la sociedad a que le rindan cuentas sobre el uso de recursos públicos y el funcionamiento de servicios de interés general". Lamentablemente, esta declaración es ambigua ya que no precisa el tipo de información que se reportará a la sociedad ni su nivel de desagregación. Recordemos que al padre de familia le interesa, fundamentalmente, la información que refleje la calidad educativa de la escuela a la que asiste su hijo(a). Estadísticas agregadas a nivel estatal o nacional interesan principalmente a las autoridades educativas. Resulta sorprendente que el decreto de creación del INEE no precise una política clara de difusión de resultados. Debemos ver al Instituto recién constituido como un paso intermedio hacia la creación de un organismo verdaderamente autónomo, ágil y flexible, plenamente ciudadanizado en sus órganos de gobierno y cuya misión esté orientada a reportar a la sociedad el estado de la educación, escuela por escuela.
El autor es presidente del Consejo Directivo del Instituto de Fomento e Investigación Educativa, A.C. |
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